Sobre Cataluña (a 7 de noviembre de 2017)

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Sobre Cataluña (a 7 de noviembre de 2017)

Este post va dedicado a los que me habéis pedido información sobre lo que está pasando en Cataluña. He seleccionado tres artículos que recogen algunos de mis puntos de vista. Lamentablemente son un poco largos, y como no me veo capaz de hacer un buen resumen os los reproduzco enteros a continuación. A los que preferís leerlos en su fuente (están todos ellos en castellano), os dejo los enlaces:

1. Cataluña y la solidaridad interregional en España
2. Hablemos de Democracia o también en: Hablemos de Democracia. Yo lo leí en la publicación de Diario 16, que es el primer enlace.
3. Un chiste sobre España y los derechos humanos

Espero que esto os aclare un poco las cosas.

Aunque no los haya teñido de verde, los textos que siguen estan todos escritos en castellano.

Un abrazo.




--------- Anexos --------- (1)

Cataluña y la solidaridad interregional en España

Javier Ruiz Collantes - Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona
Blogs.publico.es - Dominio público - Opinión a fondo (http://blogs.publico.es/dominiopublico/24448/cataluna-y-la-solidaridad-interregional-en-espana/)

En estos momentos convulsos en los que desde Cataluña, por parte del gobierno catalán y los partidos y movimientos sociales independentista, se pone en cuestión la relación entre España y Cataluña, en España las organizaciones, los líderes y los ciudadanos que se consideran de izquierdas toman partido y se posicionan en uno u otro sentido.

Muchos políticos, intelectuales y ciudadanos españoles de izquierda señalan la ilegitimidad de la voluntad independentista de parte de los ciudadanos catalanes apelando a la llamada solidaridad interregional, esta solidaridad se fundamentaría en el deber de las regiones ricas de ayudar a las regiones pobres. Deber del que Cataluña parece querer escapar. Esta apelación es lógica puesto que la solidaridad es un valor fundamental de las ideologías de izquierda. En el presente artículo se pretende argumentar contra esta posición de buena parte de la izquierda española.

El independentismo catalán cifra el llamado “expolio fiscal” en entre 13.000 y 16.000 millones de euros, es decir, dinero que es recaudado a través de impuestos en Cataluña, que llega al gobierno central del Estado y que no vuelve a Cataluña. Frente al argumento del “expolio fiscal” regional, muchas veces se ha oído, a representantes del gobierno central del Estado o a representantes de los partidos hegemónicos en España, argumentar que los impuestos no los pagan los territorios sino los ciudadanos. De lo cual se deduce que las transferencias de recursos no se producen de un territorio hacia otros sino de unos ciudadanos a otros, independientemente de donde residan. Para ver este tema de manera adecuada se debe salir de este falso dilema y observar las cosas con mayor realismo y claridad: los impuestos no los pagan los territorios, pero tampoco los ciudadanos; los impuestos los pagan, o no los pagan, las clases sociales.

Resulta irrefutable y ampliamente documentado que en los Estados con economías de matriz neoliberal, como ésta en la que nos movemos, el mayor aporte impositivo se da a través de las rentas de trabajo y no de las rentas de capital y que la grandes fortunas y las grandes corporaciones empresariales tienen diferentes vías, más o menos legales o ilegales, para escabullirse respecto a sus obligaciones fiscales. Recordemos, a título de ejemplo muy significativo y directo, cómo el multimillonario Warren Buffet, en un gesto que le honró, en una entrevista a la NBC denunció que el sistema fiscal norteamericano hacía que él pagara menos impuestos que cualquiera de sus empleados, incluidos los recepcionistas.

Bien, los impuestos los pagan algunas clases sociales: los trabajadores, los profesionales, los autónomos, los pequeños y medianos empresarios, en definitiva las clases trabajadoras y las clases medias, pero no la alta burguesía ni las grandes fortunas. Este es un dato muy relevante para entender la función de la llamada “solidaridad interregional”.

Es muy significativo que la derecha española, sólo apele a la solidaridad y a la igualdad entre españoles cuando habla de relaciones interterritoriales, pero nunca cuando habla de las relaciones entre clases sociales y sectores socioeconómicos.

Ante el conflicto del Estado Español y el movimiento independentista catalán, se ha puesto sobre la mesa como una posible solución un “pacto fiscal” por el que Cataluña podría pasar a tener un estatuto fiscal como el Pais Vasco o Navarra. Sin embargo, por ejemplo, el 2 de octubre de este año el diario El Mundo titulaba un artículo de la siguiente manera: “Expertos del gobierno advierten: Un pacto fiscal con Cataluña sería `monstruoso’ y costaría 13.000 millones”. En dicho artículo se reproduce un gráfico con las balanzas fiscales interregionales en las que se observa que sólo Cataluña y Madrid y, en muchísima menor medida, Baleares y Valencia son comunidades aportadoras netas al sistema y transfieren diferentes porcentajes de lo que se recauda en su territorio al resto de comunidades autónomas. Las que más aportaciones reciben son Andalucía, Extremadura, Galicia, Castilla León y Castilla la Mancha.

Resulta esclarecedor que mientras que durante décadas la derecha y también la izquierda española minusvaloraban la contribución de Cataluña a las arcas del Estado descalificando lo que los gobiernos catalanes denunciaban en torno al expolio fiscal y decían que el déficit fiscal catalán se movía en torno a los 4.000 millones; ahora, cuando hay que poner los números de verdad sobre la mesa para decidir lo que el Estado puede ceder y no ceder a Cataluña en una situación extrema de peligro de ruptura, resulta que fuentes gubernamentales de Madrid acaban admitiendo que el montante es tan “monstruoso” que el Estado no puede prescindir de él.

En todo caso, lo relevante de la discusión no estriba en el montante del “déficit fiscal”, si 4.000 millones, 9.000. 13.000 o 16.000; este es un debate que podría ser secundario; lo realmente importante es la función económica, social y política de ese dinero, de dónde sale y para qué sirve.

Se ha de tener en cuenta que el País Vasco y Navarra no aportan nada debido a que mediante el llamado “pacto fiscal” mantienen una relación prácticamente confederal con el Estado Español. Por otro lado, la cuestión de lo que supuestamente aporta la Comunidad Autónoma de Madrid sería otro tema relevante por sí mismo, pues seguramente una buena parte de lo que da por un lado lo recibe por otro. Por ejemplo, en forma de gastos e inversiones como capital del Estado, como destino, directo o indirecto, de las inversiones no regionalizadas en un Estado con infraestructuras centralizadas y radiales, en impuestos de sociedades de numerosísimas grandes corporaciones que aunque tengan su producción en otras comunidades autónomas tienen su sede social y fiscal en Madrid, junto a la autoridad reguladora del mercado, y pagan impuestos en la comunidad autónoma madrileña. Incluso hay que tener en cuenta que una cosa es lo que el gobierno central presupuesta en inversiones en infraestructuras y servicios, que es lo que hace público, y otra cosa muy distinta lo que realmente ejecuta. Sistemáticamente, en Cataluña, lo realmente ejecutado es menor que lo oficialmente invertido; mientras que en Madrid ocurre lo contrario. Pero todo esto es otro tema a discutir, aunque de ello podría desprenderse que una parte fundamental de lo que se transfiere a las comunidades autónomas deficitarias, casi todas, proviene en gran medida de los impuestos de los que de verdad pagan impuestos en Cataluña: las clases medias y las clases trabajadoras.

¿Por qué las fuentes del gobierno central que cita El Mundo, consideran “monstruoso” el hecho que una buena parte de lo recaudado en Cataluña no fuera a parar a los gastos e inversiones del gobierno central y de otras comunidades autónomas españolas deficitarias? Sencillamente porque haría el sistema insostenible, pero ¿qué sistema? Pues el sistema de poder y subordinación entre clases sociales.

Más allá del uso que el gobierno español hace de los recursos de que dispone para reflotar de la ruina a las empresas financieras privadas y de otorgar grandes concesiones de obras a constructoras para la realización de mastodónticas infraestructuras, muchas veces inútiles, nos centraremos en las transferencias de recursos de unas regiones a otras. Tomemos el caso de las regiones del sur de España y, de forma particular, el caso de la mayor de ellas: Andalucía

Andalucía es un gran país, con una cultura rica y de primer nivel, con enormes potencialidades, con un pueblo admirable que en momentos históricos concretos ha demostrado comportamientos heroicos en las luchas por la libertad, la justicia social y el desarrollo de su región y del conjunto de España. Pero no se puede negar la realidad actual. En estos momentos y en su actual estructura socioeconómica, Andalucía es un país inviable si no fuera por las aportaciones exteriores, tanto desde otras comunidades autónomas españolas como de otros países europeos. Andalucía, Extremadura, Canarias y Castilla la Mancha, según datos de Eurostat de 2017, lideran los índices de paro en Europa, sólo por detrás de la región Griega de Macedonia Occidental. En estas regiones españolas, prácticamente la tercera parte de la población en condiciones de trabajar está en paro, con bolsas de desempleo en municipios de algunas provincias que pueden llegar al 40%. El desempleo es endémico y estructural en España, pero en las regiones del sur alcanza cotas insoportables. Mirado desde este punto de vista, el problema más grave del Estado Español está en el sur y no en el noreste.

La situación de las regiones del sur, especialmente en el caso de Andalucía, se debe al mantenimiento de una estructura productiva que es desastrosa y que exacerba los rasgos negativos de la estructura productiva del resto de España: el monocultivo de ladrillo y turismo y la escasísima presencia de industria e innovación, y además posee características propias como la existencia del latifundismo en la propiedad de la tierra, un latifundismo muy poco o nada productivo.

De hecho, por ejemplo, según datos del Instituto de Estadística de Andalucía, el latifundismo no ha disminuido, sino que históricamente ha ido creciendo. Si en 1930 los latifundistas tenían la propiedad del 43 % de las tierras cultivables, actualmente estas tierras están en torno al 50%. Según datos del Sindicato de Trabajadores Andaluces, SAT, el 50% de las tierras cultivables está en manos del 2% de propietarios.

Las elites socio-económicas andaluzas, que en buena parte provienen de la aristocracia y no tienen ni siquiera la mentalidad emprendedora de la burguesía moderna, mantienen sus privilegios en base al inmovilismo y no tienen la menor intención de activar auténticos factores de desarrollo en su región. El statu quo existente ya les resulta sumamente beneficioso. Pero es que ni siquiera los gobiernos autonómicos del PSOE durante los últimos 30 años han hecho nada realmente significativo para cambiar la situación en términos de empleo, productividad y desarrollo. Al final el poder político y las élites socio-económicas se apoyan mutuamente. Un símbolo realmente significativo y vergonzoso de este maridaje está en la declaración de la difunta Duquesa de Alba como Hija Predilecta de Andalucía y la concesión que se le hizo de la medalla de Andalucía por parte del gobierno autonómico del PSOE.

El desempleo masivo genera en el sur de España situaciones socialmente explosivas que afectan sobre todo a las clases populares andaluzas y cuyos efectos sólo puede entenderse que se contengan en base a los recursos que llegan a través de la transferencia de otras comunidades autónomas, especialmente desde Cataluña.

De esta forma, dado que como hemos comentado al principio, se ha de tener en cuenta que quienes pagan impuestos no son ni los territorios, ni las personas, sino las clases sociales, el resultado es que las clases medias y las clases trabajadoras catalanas han de sufragar el mantenimiento de una situación que en última instancia solo beneficia a las élites sociales económicas y políticas del sur y el suroeste de España, pues no tienen un proyecto histórico de desarrollo para sus regiones y su único proyecto es mantener la situación actual porque ello les asegura los privilegios de los que disfrutan, de los que han disfrutado siempre. Ello explica en gran parte la agresividad con que, en las últimas décadas, los líderes regionales del PSOE en el sur de España, desde José Bono hasta Susana Díaz, se han referido a los movimientos independentistas catalanes.

Contrariamente a lo que piensa una buena parte de la izquierda española, el movimiento independentista catalán no es una cosa de cuatro políticos iluminados, ni de la alta burguesía catalana. Para hacer un análisis certero de esta realidad compleja, hay que tener en cuenta que el independentismo catalán es un movimiento popular integrado por amplios sectores de las clases medias y sectores de las clases trabajadoras. Sin embargo, no es ninguna novedad, que sectores también importantes de la clase obrera, provenientes de la inmigración, defienden el unionismo por su vinculación identitaria con España. Pero no confundamos esta vinculación identitaria con los intereses socioeconómicos en tanto que clase social. La prueba de lo explicado hasta aquí es que la alta burguesía catalana defiende con gran fuerza la permanencia de Cataluñaa en España, pues es una élite entroncada con los intereses de la alta burguesía española y que, dada su escasa contribución impositiva, no recela de las transferencias de recursos desde Cataluña hacia otros lugares de España. Otra de las pruebas de lo que aquí se dice está en que los grandes empresarios catalanes colaboran con la estrategia del miedo del gobierno central trasladando sus sedes sociales fuera de Cataluña y que la organización del gran empresariado catalán, Foment del Treball, siempre se ha manifestado de manera radical, muy agresiva y amenazante, en contra de los movimientos pro-independencia. Decir que el proyecto independentista catalán es un asunto de la alta burguesía catalana, implica o mala fe o no entender nada.

Pero situemos aún más la cuestión en términos de los intereses de las clases sociales. Cuando la derecha apela a la solidaridad interregional lo que hace es demandar que las clases populares catalanas, que sufren también la precariedad social y la desigualdad en su comunidad autónoma, sobre todo cuando en la Generalitat gobierna la derecha, contribuyan a mantener la estabilidad en regiones donde la situación social resulta inviable y explosiva y, con ello, apuntalen la pervivencia de los privilegios de las élites de esas regiones. Nunca la derecha española ha defendido ni defenderá que la aristocracia y la alta burguesía andaluzas, y del resto de España, deba cumplir con sus obligaciones impositivas y sociales y deba, por ejemplo, sufragar las ayudas a los desempleados andaluces; por el contrario señalará a la solidaridad interregional como fuente de todo remedio. Todo ello implica imponer que sean las clases medias y trabajadoras catalanas las que se hagan cargo, por ejemplo, de los gastos que los subsidios de desempleo genera en el sur de España y así las élites andaluzas y españolas puedan seguir manteniendo un sistema productivo, o mejor, improductivo, que las beneficia pues no deben arriesgar su capital en un mercado más moderno y de mayor competencia ni deben tocar el sistema de dominación de clases en sus comunidades autónomas.

Por todo ello, la solidaridad interregional no implica, como mucha izquierda española piensa, detraer recursos de la gran burguesía catalana para que vayan a parar a los trabajadores del sur de España. ¿No sabemos ya que la contribución impositiva de la alta burguesía y de las grandes corporaciones es mínima? Por el contrario, la solidaridad interregional supone extraer recursos de las clases medias y trabajadoras catalanas para beneficio de las élites económicas andaluzas, extremeñas, etc. que pueden así mantener un sistema productivo y de poder político en el que basan sus privilegios sin que la situación social de sus regiones se les vaya de las manos.

Por todo ello, la llamada “solidaridad interregional” es la clave de bóveda del sistema socio-económico en España, clave sin la cual éste sería insostenible y, por ello, para las élites españolas, es un principio que, a través de un discurso nacionalista y demagógico y mediante acciones políticas represivas, defenderán siempre, poniendo todos los medios a su alcance para que nunca se quiebre.

--------- Anexos --------- (2)

Hablemos de Democracia

Por Beatriz Talegón - 06/11/2017 (http://diario16.com/hablemos-de-democracia/, o https://www.sierranortedigital.com/49716020/Hablemos-de-Democracia.-Por-Beatriz-Talegon.html)

No era necesario tratar de impedir por todos los medios una consulta en Cataluña sobre la opinión pública al respecto de la independencia. Nada mejor para conocer qué piensa la población sobre un asunto histórico y que ha sido para muchas personas una razón de lucha incansable. Bien podría el Gobierno de España haber establecido los parámetros para garantizar que todos tuvieran voz, que se hiciera una consulta con todas las garantías, acordando incluso que no fuera vinculante, pero sí una herramienta de conocimiento de una realidad social; podrían haber hablado de tantas cuestiones importantes…. Y como quiera que el Partido Popular está preocupado en envolverse (y envolverlo todo, dicho sea de paso) con la bandera de España, el PSOE bien podría haberle echado el freno a esta situación tan lamentable.

Podría el PSOE haber puesto pie en pared, hacer de oposición, y de paso, de partido de Izquierdas (porque lo dice continuamente, vaya). Y así, plantearle al Gobierno de España que, o garantizaba una consulta pacífica, con todas las garantías, para poder escuchar a una sociedad catalana desatendida en muchas cuestiones durante los últimos años, o se plantearía una moción de censura. No era descabellado ya a mediados de septiembre el hecho de pensar que el Partido Popular arrasaría con todo lo que pudiera, con todo lo que sonase a rumba catalana. Ya entonces Pedro Sánchez recibió mensajes explícitos avisándole de lo que sucedería si no se apartaba de los Populares. Se lo dijeron muchas voces. Prefirió callarse, quedarse a un lado, mientras en las reuniones que mantenía su partido con miembros del Gobierno les convencían de que nada pasaría el 1 de octubre en Barcelona. Aclaro: cuando le decían a los socialistas que “nada ocurriría” se referían a que no habría urnas, ni votos ni nada de nada. Sin embargo hubo. Hubo mucho. Muchos palos, mucha violencia, mucho dolor. Y mucha dignidad, mucho valor, y mucha cultura democrática por parte del pueblo que quiso expresarse. Porque recuerdo que, a pesar de no haber garantías para poder considerar esa votación como fotografía de una opinión masiva, hubo votos (los menos) que dijeron que NO. Y a esa gente también le partieron la cara. Los palos fueron contra quienes simplemente querían decir lo que pensaban. Y eso es un motivo suficiente para plantearle al Gobierno de Rajoy una moción de censura en toda regla.

Por si fuera poco, la agresividad verbal, informativa, y por cualquier medio posible del Gobierno de España ha ido en aumento. Se ha mentido, difamado, humillado a muchísima gente. No solamente a la población catalana, sino también a quienes leemos los periódicos españoles, consumimos televisión y radio. Hemos visto la cantidad de mentiras que se han publicado y ante las que la gran mayoría no ha podido reaccionar, pues muchos ni siquiera saben por estas tierras que, por ejemplo, “los Jordis” subieron a aquél coche de la Guardia Civil habiendo pedido permiso previamente a los agentes. Aquí muy pocos saben que, subidos a ese coche, megáfono en mano, pidieron a todo el mundo que se comportase con calma, de manera pacífica, que dejasen trabajar a la justicia en sus investigaciones, a los policías, y que se marchasen a casa sin organizar ningún tipo de altercado. Sí, esos a los que aquí se vio subidos a un coche lleno de pegatinas, cuando nos querían dar a entender que eran unos violentos que estaban en realidad jaleando a las masas para que robasen armas del vehículo y demás barbaridades, estaban haciendo todo lo contrario.

Dicho sea de paso, se supone que estuvieron movilizando a las masas para organizar concentraciones tumultuarias, donde entre otras cosas, se robaron armas de un coche de policía. Eso se ha estado diciendo por aquí hasta la saciedad. Y no ha habido una sola prueba de tales afirmaciones. De hecho, a ningún policía le faltó ningún arma al final del día. Ni un sólo atestado policial se redactó en aquélla manifestación. Nada. Tuvo que pedirle el Fiscal General, que a su vez la juez Lamela ordenase redactar atestados para poderlos incorporar en la querella contra los Jordis. ¿Usted sabía esto?. Pues empiece a dudar de muchas de las cosas que nos están contando.

No era necesario encarcelar a “los Jordis“.

No era necesario encarcelar a ningún político. Ni esposarle al detenerle. Ni humillar a nadie. Ni insultar a ninguna persona. No era necesario pero aquí mucha gente, muchos políticos, muchos periodistas, lo están haciendo de manera frecuente. Como justifican cualquier cuestión sin valorar las voces más sabias sobre estos asuntos. No es necesario generar más confusión ni ruido. ¿O sí lo es?

Si España quiere presumir de democracia debería, lo primero, plantear qué imagen da. Cómo se comportan sus principales dirigentes políticos. Plantearse que las faltas de respeto, las agresiones verbales contra quienes piensan diferente a ellos, suponen una merma democrática importante. La población, quizás podría plantearse lo que significa andar colgando banderas de los balcones porque así lo está pidiendo un Gobierno (a través de sus voceros) señalado por corrupción, donde al frente se sitúa el partido más corrupto de toda Europa.

Ya llegan voces “externas” que no tienen cortapisas en decirle a Rajoy que su comportamiento es “como el de un franquista autoritario” (ex primer ministro Belga); o que está yendo demasiado lejos (Viceprimer ministro Belga y Ministro de Interior); o que se están violando los Derechos Fundamentales consagrados en la Carta Europea (Varoufakis junto a cien firmas de reconocido prestigio internacional). Son ya muchas las voces que le piden a la Unión Europea que intervenga. Que tome cartas en el asunto. Y lo dicen desde la perspectiva de considerar que Rajoy y los suyos están pisoteando la Democracia y los Derechos Humanos. Ni siquiera porque se planteen defender una posición independentista; no. Se habla de democracia. Sin más.

Y de eso hablamos muchos. Que no somos independentistas pero que entendemos que defender el independentismo o cualquier otra cuestión que interese a la población (comprensible cuando tenemos un sistema territorial que puede dar lugar a plantearlo), de manera pacífica y constructiva, debe tener respeto y garantías de ser planteado en un marco y contexto donde nadie pueda temer por plantear sus ideas. Y eso debe estar garantizado por el Estado.

Dejemos de hablar de “constitucionalistas” para hablar de “Demócratas”. Es momento de quitar las caretas.

--------- Anexos --------- (3)

Un chiste sobre España y los derechos humanos

JESÚS LÓPEZ-MEDEL - 6 DE NOVIEMBRE DE 2017 (http://ctxt.es/es/20171101/Firmas/15988/Espa%C3%B1a-derechos-humanos-Puigdemont-Belgica-Lopez-Medel.htm)

“Hay escritos que, como las sentencias, deben comenzar leyéndose por el final.
Este es el caso. Comiencen por la Postdata” (Nota del editor).

La orden de detención europea contra Puigdemont abre otra gran caja de los truenos en lo que cada vez más pensadores vienen calificando como una causa general contra el independentismo abierta por el régimen español. Revestida de carácter jurídico, sus medidas tienen fondo y alcance políticos.

No se discute que la actitud de las autoridades catalanas ha sido un esperpento, ni la producción de claras ilegalidades ni la posibilidad de que hubiesen cometido delitos de desobediencia o prevaricación. Pero ello está muy lejos de la disparatada calificación de rebelión y sedición que promueve la Fiscalía General, dependiente del Gobierno.

¡Tanto tiempo hablando de Venezuela sobre la prisión de opositores encarcelados y resulta que aquí nos ponemos a su nivel y aún más, llevando a prisión a numerosos dirigentes gubernamentales, parlamentarios y líderes sociales!

Es muy grave la internacionalización del conflicto: la imagen de España en la opinión pública internacional está muy deteriorada. Esta apreciación la hago desde mi experiencia técnica profesional en el ámbito internacional.

En primer lugar hay que referirse a las consecuencias muy negativas que puede causar la orden de detención europea, promovida por la Fiscalía, y cuya instrucción por la jueza Carmen Lamela nos hizo recordar otro caso reciente que llevó ella misma y que puso en alerta a todos los defensores de los Derechos Humanos. Me refiero al caso Alsasua, donde unos enfrentamientos, o una reyerta en un bar de esa localidad, fueron calificados por su señoría como delito de terrorismo en una interpretación muy expansiva de este delito.

Se evidencia que al Fiscal General, José Manuel Maza, reprobado por el Parlamento, le interesaba que el asunto catalán cayese en manos de esta jueza de instrucción; aunque los delitos imputados no son ni siquiera competencia de la Audiencia Nacional. De ahí su empecinamiento en atribuirlo a un órgano excepcional donde sabía que iba a ser más fácil conseguir hacer efectiva su alarmante frase “hemos tenido mucha paciencia” con los independentistas.

Ahora, tras enviar expeditivamente y con clara indefensión a prisión incondicional sin fianza a casi todo el gobierno catalán, la jueza ya ha dictado la orden de detención de Puigdemont. Esto va a crear unas tensiones enormes en la Unión Europea y un juicio jurídico, con consecuencias políticas, que revelará cómo está España en materia de Derechos Humanos. Me anticipo a lo que pueda suceder ahora que empieza su tramitación, pero mucho me temo que el proceso belga puede dañar aún más a nivel internacional la imagen del país.

La orden de detención y entrega europea, instituida por la Decisión Marco 2002/584, se concibió para sustituir el mecanismo clásico de extradición --que implicaba una decisión del poder ejecutivo-- por un instrumento de cooperación entre las autoridades judiciales nacionales basado en los principios de reconocimiento mutuo de las sentencias y demás resoluciones judiciales y también en el de confianza recíproca entre Estados miembros de la UE.

Esta medida instauró un nuevo sistema de detención y entrega de las personas condenadas o sospechosas de haber infringido la ley penal en un país, limitándose estrictamente los motivos de no ejecución y fijándose plazos breves de adopción de las decisiones. Pero todo ello requiere un juicio fundamental: la persona que se procede a devolver al país de origen debe tener asegurados plenamente sus derechos, entre ellos la garantía de un juicio justo y que, en su caso, su internamiento en prisión se realice de manera respetuosa con los derechos humanos.

Sobre este asunto, debe desgraciadamente reconocerse que España no tiene en Europa buena imagen en materia de observancia de Derechos Humanos. Así se ha dicho en algunos foros como el Consejo de Europa o incluso en la propia ONU, que han criticado la represión de derechos contenida en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

Pero no son solo algunos organismos internacionales, también hay países donde se piensa así. Hay que recordar, por ejemplo, que el propio Estado belga, sede de las instituciones comunitarias, ha denegado en el pasado la entrega a nuestro país de presuntos etarras desde la consideración de que en España “no se cumplen los derechos humanos”. Esto es muy fuerte, pero es acallado aquí con la retórica hueca del “somos un Estado de Derecho”.

Esas impresiones cada vez se extienden más entre los ciudadanos. Perplejos nos dejan también las asociaciones de jueces y fiscales emitiendo constantemente --hasta siete-- comunicados en la misma línea del gobierno de Rajoy, en los que califican como "totalitarias" a las autoridades catalanas o afirmando que se ha producido “un golpe de Estado en Cataluña”.

No sólo es una forma inadmisible de presionar a sus compañeros jueces, sino también de emitir opiniones políticas que pudieran afectar a hechos que iban a ser enjuiciados. A las asociaciones corporativas muy de derechas como la APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se llegó a unir torpemente la ‘progresista’ Jueces para la Democracia. Igual sucedió en el ámbito de la fiscalía, con la UPF emitiendo comunicados patrióticos. La excusa era corporativa: “Proteger a nuestros compañeros en Cataluña”. Para ellos, ¡antes la Patria que la Justicia!

Si la orden de detención europea fuese denegada, a España le quedaría la vía final de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde podrá comparecer cualquier otro país, además de Bélgica, y cuya caja de resonancia sobre el enjuiciamiento de España tendría un gran eco.

Quiero destacar un precedente muy cercano. Se trata de una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 5 de abril de 2016 que aplica, con excelente criterio, una interpretación justa y humana del Derecho, resolviendo dos cuestiones sobre un ciudadano rumano y otro húngaro que fueron sometidas al TJUE por un Tribunal de Bremen (Alemania), que era donde se encontraban. En ese proceso judicial europeo intervino España, que se alió con Hungría y Rumanía para defender la entrega de los dos demandantes. La extradición fue rechazada por la Gran Sala del Tribunal de Luxemburgo afirmando que los dos países no ofrecían suficientes garantías.

Esta sentencia aplica como sustrato los derechos humanos e invoca tanto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la normativa no estrictamente comunitaria, la del Convenio de Roma, referida a los 47 miembros del Consejo de Europa.

En efecto, se cita el artículo 6 del Tratado Unión Europea (TUE), donde se dispone que “la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Pero --y esto es muy importante porque ensancha el prisma-- además, invoca el mismo precepto en su apartado 3, estableciendo que “los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”. Y ahí está el principio jurídico del derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva.

Así, pese a los postulados de presunción de confianza legítima y el reconocimiento mutuo entre Estados, pilares en que se basa la orden europea de detención, cabe la posibilidad de que se deniegue la ejecución en casos concretos señalados, como puede ser la violación grave y persistente por un Estado miembro de los valores exigibles, particularmente el respeto a la dignidad humana, el derecho a la libertad, el derecho a participar en asuntos públicos y, sobre todo, el derecho a un juicio justo y la prohibición de penas o tratos degradantes.

Pues bien, sobre esta base, puede suceder que las autoridades belgas denieguen la entrega de Puigdemont a España. Y serían varios los motivos. Uno primero, y ya contundente, es que el delito de rebelión y sedición, por el que es requerido desde España, no está en la lista de las causas penales por las que pudiera procederse a la entrega. Y no está porque tiene esta figura penal un carácter político, lo cual evidencia que frente a lo que dice el sector oficial gubernamental-judicial, hay un componente claramente político en el enjuiciamiento. Debe recordarse que una cosa es que hubiesen cometido ilegalidades y pudiesen ser enjuiciados por desobediencia, prevaricación o malversación, y otra muy diferente que sean tratados y penados por secesión o rebelión.

Este carácter político del proceso judicial se evidencia en el deseo público de un dirigente importante del PP, Pablo Casado, advirtiendo que Puigdemont podría acabar como Companys (prisión y fusilamiento). Tampoco facilita que se expida la orden de detención la prisión incondicional ya dispuesta de los gobernantes catalanes que se presentaron voluntariamente a declarar, tanto los de Madrid como Puigdemont y los que están con él en Bélgica. Es sumamente infrecuente que una persona acuda a declarar voluntariamente sin orden de detención ni por un delito flagrante y resulte enviado inmediatamente a prisión incondicional sin fianza. Solo en algún caso de asesinato sin arrepentimiento inmediato.

En este sentido, la forma tan expeditiva y sumarísima de proceder de la jueza respecto el vicepresidente y otros consejeros revela una disposición a actuar en la línea marcada por el fiscal designado por el Gobierno. Y cabe suponer que habría hecho lo mismo con Puigdemont en una resolución que ya tenía en gran parte escrita antes de oírles. Que se les enviase con premura a prisión sin haberles dejado tiempo para leer los documentos presentados esa misma mañana contra ellos refleja indefensión; y esa forma de actuar evidencia algo grave. De eso también tomará nota el tribunal belga.

Asimismo, las autoridades de ese país podrán apreciar que, según el Código Penal español, se requiere para el delito de rebelión la producción por los inculpados de una violencia que obviamente no ha existido: la ‘violencia’ física no encaja en el relato fáctico de la jueza española. Fue el pueblo catalán el que sufrió esa violencia el 1O.

La mala imagen de España en materia de Derechos Humanos se manifiesta no solo en no tener, a diferencia de los Estados democráticos, un Plan de Derechos Humanos, sino también, por ejemplo en que es, tras Turquía, uno de los países más condenados por el otro tribunal de Derechos Humanos, éste con sede en Estrasburgo, en el que acumula once sentencias por torturas o malos tratos en prisiones, fundamentalmente por su negativa a investigar. Este se calla aquí, pero es así.

Las gravísimas mofas de los policías nacionales que custodian la Audiencia mientras declaraban Junqueras y los otros consejeros revelan el odio que personas y cargos con responsabilidades de seguridad tienen por esas personas solo por sus ideas. Es humillante. Y a eso hay que sumar la forma de ser conducidos en los furgones policiales hasta la prisión, de modo vejatorio, según ha denunciado el vicepresidente catalán.

Son numerosos los elementos que las autoridades judiciales belgas tienen ante sí para valorar la procedencia de aplicar lo solicitado desde España. Y son muchos los factores que pueden inclinar la balanza a favor de denegarlo. En tal caso, se reflejaría desde el exterior lo que algunos desde aquí pensamos sobre el grave retroceso de los Derechos Humanos en España y la connivencia entre el poder judicial y ejecutivo a la hora de enjuiciar asuntos relevantes.

Se inicia el proceso, pero estoy seguro de que muchos españoles confían más en lo que puedan dictar los tribunales belgas que los de aquí. Esto es una tragedia. Significa que estamos más cerca de Turquía, de Hungría o de Polonia que de los países más avanzados y democráticos de la Unión Europea.

P.D Escrito y enviado este artículo llega la noticia de que el primer juez belga no encarcela a Puigdemont y le deja en libertad con medidas cautelares. Es la primera señal que deja en evidencia a la jueza Carmen Lamela, la Fiscalía General, las asociaciones ‘patrióticas’ de jueces y la supuesta independencia de los tribunales en España. Derechos Humanos 1 - España 0. A ver qué dice ahora el Tribunal Supremo respecto a Carme Forcadell y la Mesa del Parlament.

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Jesús López-Medel Báscones es expresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.

--------- Anexos --------- (Fin)